viernes, 18 de abril de 2008

padrón de celulares contra extorsiones

20:12 La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) propuso a los 31 procuradores del país integrar un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil.
Planteó identificar las llamadas hechas y recibidas como parte de los servicios de telefonía, además de poder localizar en tiempo real el lugar desde el que se hace una llamada telefónica extorsiva.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) propuso a sus homólogos del país y a los directivos de empresas telefónicas que las instancias de procuración de justicia tengan la posibilidad de bloquear tarjetas SIM y equipos de telefonía, como sucede en otros países, “siguiendo estrategias claras de investigación, prevención y protección a la víctima de extorsión”.

Reveló que en el lapso señalado, los extorsionadores han efectuado 101 mil 850 telefonemas, que sumados a los 40 mil 632 captadas por el Consejo Ciudadano, suman un total de 142 mil 482, las cuales, divididas en el tiempo que lleva en operación el programa da un total de mil 096 llamadas por día, o sea una cada 80 segundos.

En 20 mil 653 telefonemas se evitó el pago de la extorsión, precisó el procurador, quien agregó que con medidas de prevención y concientización, se ha evitado en los últimos 130 días cerca de 90 millones de pesos, debido a que las víctimas pagan en promedio 4 mil 300 pesos por cada caso.

Detalló que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal tiene registrado que de cada 70 llamadas que realizan los delincuentes para este propósito, sólo una tiene éxito.

Lo anterior fue expuesto por el procurador capitalino Rodolfo Félix Cárdenas, durante la mesa de trabajo sobre combate a la extorsión telefónica que se realizó en XX Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se realiza en esta ciudad.

Félix Cárdenas advirtió que “no existe un padrón completo de usuarios de telefonía móvil, especialmente en la modalidad de prepago; además, las empresas de telefonía fija no otorgan el servicio de identificación como parte de sus paquetes básicos”.

Esto representa un problema, ya que la autoridad investigadora, al no tener acceso a los datos, en tiempo real, de localización de un teléfono móvil.

En este punto explicó a los procuradores que las autoridades judiciales se enfrentan a otras barreras de carácter legal, ya que “la Ley de Vías Generales de Comunicación no incluye al Ministerio Público como autoridad a la que se le deban proporcionar datos derivados de la explotación de la vía de comunicación”.

Además, en la mayoría de los estados del país no existe un tipo específico del delito de extorsión telefónica, añadió.

Por ello propuso involucrar de inmediato a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como parte de la solución del problema, y solicitar la colaboración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), para que facilite el acercamiento con las compañías telefónicas a fin de encontrar los mecanismos técnico jurídico idóneo.

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